Defensoría del Pueblo de la Nación

El Informe Anual 2025 se separó en capítulos dedicados a las distintas Áreas Temáticas que integran la institución:

• Identidad y Ciudadanía,
• Salud, Acción Social, Educación y Cultura,
• Servicios Públicos, Empresas y DD. HH., y Medio Ambiente,
• Seguridad Social y Trabajo,
• Asesoría Legal y Técnica,
• Grupos Vulnerables y
• Promoción de Derechos Humanos y Comunicación.

Yendo específicamente a lo tratado en el Área de Identidad y Ciudadanía, en el 2025 el tema de mayor impacto se centró en afectaciones vinculadas con el derecho a la vivienda adecuada y a un nivel de vida adecuado. Dicha situación denotó un incremento inusual de este tipo de reclamos en comparación con años anteriores.

Este fenómeno obedeció a dos factores principales. Por un lado, el trabajo en territorio realizado en distintos barrios de La Matanza; donde se brindó la asistencia ante la imposibilidad de instrumentar la regularización dominial de las viviendas.

Por otra parte, influyó la articulación llevada adelante durante el último trimestre del año con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de indagar y dar respuesta a los reclamos relacionados con el suplemento único de reconstrucción (SUR), otorgado a las personas afectadas por las inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca y otras.

De igual modo, se continuó con el abordaje de afectaciones de derechos como el ejercicio del derecho a la identidad, especialmente en reclamos por falta de pago en reintegros de pasaportes y casos vinculados con presuntas duplicidades del documento único de identidad (DNI), cuyos efectos, en muchos casos, requerían de rectificaciones en distintas bases de datos públicas y privadas. Asimismo, a partir del último trimestre del año, fue central el trabajo realizado ante la demora en la emisión y entrega del DNI.

En 2025, el Área de Salud, Acción Social, Educación y Cultura recibió una gran cantidad de reclamos relacionados con prestaciones debidas por agentes de salud, entre los que se destacaron el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados (PAMI), el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y el Programa Federal Incluir Salud (ex ProFe), entre otros. También continuaron recibiéndose reclamos por incrementos de cuotas de las empresas de medicina prepaga, junto con quejas por inconvenientes al renovar inscripciones en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) y en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) para el cultivo de cannabis con fines medicinales o terapéuticos.

La obstaculización en la aprobación de tratamientos y nuevos medicamentos, así como en la autorización de prestaciones para personas con discapacidad, continúa observándose de manera generalizada en la mayoría de los financiadores. De allí que, el acceso a tratamientos novedosos que superan a los convencionales se torna problemático, y los pacientes se encuentran en la disyuntiva entre lo que prescribe su profesional tratante y lo que su agente de salud le autoriza.

Por su parte, en el Área de Servicios Públicos, Empresas y Derechos Humanos, y Medio Ambiente, la mayoría de los reclamos estuvo asociada a temáticas bancarias, a dificultades para abonar las facturas de los servicios públicos, a cuestionamientos sobre la categorización en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos Focalizados, a problemas para obtener la baja del servicio telefónico e internet, y a la falta de suministro eléctrico, entre otros asuntos relevantes. También se recibieron quejas por demoras en la resolución de reclamos ante la ex AFIP, hoy ARCA.

Respecto del medio ambiente, los temas de mayor trascendencia fueron la contaminación hídrica, los impactos de obras sobre el entorno, las afectaciones a la calidad del aire y la contaminación sonora generada por infraestructura energética. Además, se efectuó el monitoreo de las afectaciones en ecosistemas terrestres, como humedales y bosques nativos, debido a la persistencia de actividades de deforestación.

Entre las quejas más recurrentes, recibidas en el Área de Seguridad Social y Trabajo se destacan las demoras en la resolución y posterior liquidación de los siguientes trámites: jubilaciones y pensiones por fallecimiento (con y sin moratoria); asignaciones familiares y universales; seguros por desempleo; derechos de acrecer en el beneficio; haberes devengados; bonos y refuerzos previsionales; reparaciones históricas; falta de percepción del haber mínimo por parte de personas beneficiarias de rentas vitalicias; falta de pago de sentencias judiciales de reajuste de haberes y de altas de beneficios previsionales; jubilaciones para personas con VIH, hepatitis B o C; pensiones no contributivas (PNC) (pensión universal para la persona adulta mayor, para madre de siete hijos y para personas con VIH, hepatitis B o C); tarjeta Alimentar; reconocimientos de servicios; altas y bajas del monotributo social; descuentos indebidos; créditos y préstamos.

En efecto, las denuncias recibidas presentan inconvenientes desde el inicio del trámite –por ejemplo, en el mecanismo de otorgamientos de turnos– hasta la emisión de la resolución. Incluso, aun con posterioridad al dictado de esta, ingresan quejas por suspensiones y bajas de los beneficios; en tales casos, las personas beneficiarias recién tomaban conocimiento de dichas medidas en la entidad bancaria.

El Área de Grupos Vulnerables de la Defensoría del Pueblo de la Nación recibió numerosas presentaciones de personas que acudieron por extensas  demoras en la tramitación de pensiones no contributivas por incapacidad laborativa. En cada caso se realizó un diagnóstico inicial orientado a: a) identificar el tipo de trámite (solicitud nueva, expediente en curso, etapa médica, etapa de determinación de derecho, liquidación); b) relevar documentación disponible (constancias de inicio, CMO, estudios médicos, notificaciones, correos electrónicos, etc.); c) atender barreras de accesibilidad (falta de información, falta de turno, etc.).

Durante la primera etapa del año, el abordaje se estructuró principalmente en torno a la remisión de pedidos de informes a la ANDIS, a fin de solicitar el estado del trámite, la etapa procedimental, los requerimientos pendientes y el plazo estimado de resolución; reiteraciones ante la ausencia de respuesta dentro de los plazos fijados; comunicación y devolución a la persona interesada, con información actualizada sobre el estado del trámite y los pasos sugeridos. Asimismo, se notificó a las personas interesadas la existencia de documentación faltante y la resolución de solicitudes, en caso de  corresponder.

Cabe señalar que durante 2025 se registró un cuello de botella en la tramitación de solicitudes nuevas, asociado a la concentración operativa de la ANDIS en auditorías, citaciones y revisiones. Por ello, la Defensoría intervino ante la administración y solicitó la agilización de los trámites y la adopción de medidas para evitar demoras irrazonables en expedientes iniciados durante el período.