La Defensoría del Pueblo advierte sobre la falta de una ley nacional de presupuestos mínimos frente a la contaminación acústica.
La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó el informe “Contaminación Acústica en la República Argentina. Contribuciones para el debate de un abordaje nacional”, en el que advierte sobre la ausencia de una legislación nacional específica para prevenir y mitigar los efectos del ruido ambiental, una problemática creciente en entornos urbanos e industriales.
18 de diciembre de 2025
El trabajo señala que la contaminación acústica constituye uno de los principales riesgos ambientales para la salud, con impactos comprobados en el bienestar físico y mental de la población. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición prolongada al ruido puede provocar trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares, estrés, pérdida auditiva y deterioro cognitivo, especialmente en niños y niñas.
El informe destaca que, en Argentina, la regulación del ruido es fragmentaria y desigual: solo dos jurisdicciones cuentan con leyes específicas, mientras que en la mayoría de las provincias la cuestión se aborda de manera parcial o queda limitada al ámbito municipal. Esta situación genera brechas de protección y deja a amplios sectores de la población sin respuestas adecuadas frente a este tipo de contaminación.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la Defensoría subraya que el ruido excesivo vulnera el derecho a un ambiente sano, a la salud, al descanso, a la vivienda y a la igualdad, afectando con mayor intensidad a los sectores más vulnerables. Asimismo, remarca que la contaminación acústica no debe ser considerada únicamente como una molestia, sino como una forma de degradación ambiental que requiere la intervención del Estado.
En ese marco, el organismo propone avanzar en una ley nacional de presupuestos mínimos que establezca criterios técnicos unificados, límites de exposición, mecanismos de control y sanción, zonificación acústica y herramientas de planificación como mapas de ruido. También recomienda fortalecer la coordinación entre Nación, provincias y municipios, promover la educación ambiental y garantizar la participación ciudadana.
“El equilibrio acústico es un bien colectivo y un componente esencial de la calidad de vida. Proteger el ambiente implica también proteger entornos sonoros saludables”, señala el informe, que se presenta como un insumo técnico para el debate legislativo y la formulación de políticas públicas en la materia.
