Informe a 7 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
A siete años del histórico fallo que condenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recuperar la Cuenca Matanza- Riachuelo, el Secretario General a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, CPN. Carlos Haquim, advierte que, “ahora, se agotó una etapa y es necesario actualizar las herramientas utilizadas para mejorar la calidad de vida y reponer un ambiente sano”.
Cuenca Matanza - Riachuelo
8 de julio de 2015
Si bien reconoce que se pusieron en marcha organismos estatales y políticas públicas, el Defensor considera que los resultados, en este momento, han dejado de ser satisfactorios.
Sin perjuicio de las actividades que se llevan a cabo, la Defensoría alerta sobre deficiencias estructurales y nuevos problemas que tornan incierto el logro de los resultados que persigue el caso judicial. Por ello, insta a formular un nuevo Plan Integral de Recomposición Ambiental, establecer objetivos de calidad del agua más ambiciosos, controlar las cargas contaminantes del sector industrial, implementar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos y elaborar un mapa de riesgo ambiental que oriente las acciones en materia de agua, cloacas, vivienda y salud.
La Defensoría solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que asuma una nueva intervención en el caso para romper el amesetamiento de las acciones que llevan a cabo las autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas, así como ACUMAR y los 14 municipios de la cuenca. Ello a fin de reorientar el proceso y definir una política y gestión ambiental renovadas que, a partir de una estrategia de sustentabilidad, conduzcan a la restitución de los derechos fundamentales en la Cuenca.
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Sin perjuicio de las actividades que se llevan a cabo, la Defensoría alerta sobre deficiencias estructurales y nuevos problemas que tornan incierto el logro de los resultados que persigue el caso judicial. Por ello, insta a formular un nuevo Plan Integral de Recomposición Ambiental, establecer objetivos de calidad del agua más ambiciosos, controlar las cargas contaminantes del sector industrial, implementar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos y elaborar un mapa de riesgo ambiental que oriente las acciones en materia de agua, cloacas, vivienda y salud.
La Defensoría solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que asuma una nueva intervención en el caso para romper el amesetamiento de las acciones que llevan a cabo las autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas, así como ACUMAR y los 14 municipios de la cuenca. Ello a fin de reorientar el proceso y definir una política y gestión ambiental renovadas que, a partir de una estrategia de sustentabilidad, conduzcan a la restitución de los derechos fundamentales en la Cuenca.
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